28 de junio de 2004

POR LA ACCION POSITIVA, AGRUPÉMONOS TODAS

Agrupémonos todas es el título de un libro del periodista Isaías Lafuente, publicado hace unos meses. En sus páginas, el autor reconstruye la historia de las luchas y sinsabores de las mujeres en la España del siglo XX. Muchos y difíciles han sido los años que nos ha costado a las españolas ser consideradas por la ley sujetos de pleno derecho y acceder a la educación y a un puesto de trabajo en condiciones de igualdad con los hombres (aunque esto último aún no lo hemos conseguido de forma generalizada). Pero la realidad cotidiana de las mujeres maltratadas (el 11% de las españolas) y asesinadas (34 en lo que va de año) pone de manifiesto que todavía nos costará muchos años más conseguir que las relaciones entre hombres y mujeres se basen en el respeto escrupuloso a la vida y a la libertad de todos, y no sólo de los varones.

A lo largo de la historia, los hombres han monopolizado la mayoría de los poderes sociales, marginando a las mujeres al ámbito de lo privado y considerándolas como eternas menores de edad, necesitadas de dirección y de control. Hemos sido utilizadas a lo largo de la historia como cuidadoras y reproductoras, no hemos tenido la posibilidad de aparecer en público sino como sombra del marido o del padre, y nuestra labor ha sido silenciada y minusvalorada. Eternas menores de edad, sólo en los últimos 30 años hemos podido ir accediendo, a fuerza de mucha lucha y mucho esfuerzo, al espacio público de los iguales, para que nuestra voz, aunque todavía con interferencias, sea escuchada y respetada.Pero, cuando creíamos que el objetivo de la igualdad formal y real entre hombres y mujeres estaba claro para todos, descubrimos que no lo está en absoluto. La muerte de más de 500 mujeres en los últimos años, a manos de sus parejas o ex-parejas sentimentales, así lo muestra.

De nuevo, tenemos que salir a la calle. De nuevo, hemos de enfrentarnos a ciertos hombres que se niegan a aceptar la igualdad, hombres que no están dispuestos a perder sus privilegios. Pero lo más asombroso y preocupante, es que quienes entorpecen el derecho de las mujeres a disponer de su propia vida no son sólo hombres con escasa formación, sino también sesudos expertos en leyes. Unos juristas a los que se supone ilustrados, y que ejercen el llamado "poder judicial", están intentando obstaculizar con sus informes pretendidamente "técnicos" la ley integral contra la violencia de género promovida por el gobierno socialista. Una ley que ha sido demandada por todas las organizaciones feministas y por la mayoría del pueblo español desde hace años, y que el PP se negó a aprobar cuando estaba en el poder. Una ley que pretende hacer frente a un problema sangrante: la muerte de cientos de mujeres que han sido objeto del más puro terrorismo machista.

Curiosamente, los mismos jueces que se muestran escandalizados por otro tipo de terrorismo, y que defienden una legislación especial para hacerle frente, respecto a este terrorismo creen que no procede norma especial alguna. Este doble rasero a la hora de valorar uno y otro terrorismo, lo único que viene a mostrarnos, es que en la judicatura, como en otros lugares, son muchos los varones que aún no han aceptado la necesidad de preservar y potenciar la igualdad real entre los sexos.

Las leyes se crean para corregir las desigualdades sociales y preservar los derechos individuales, y las medidas legislativas que tratan desigualmente a hombres y mujeres y que intentan proteger a éstas frente a la fuerza bruta de algunos hombres, son actuaciones necesarias para garantizar la igualdad real, promoviendo condiciones que la hagan posible y acabando con los obstáculos que la impiden. Así lo establece expresamente la Constitución en su artículo 9.2. Hay muchas situaciones en las que se manifiesta la desigualdad y muchos sectores de la población especialmente discriminados, ya sea en virtud su sexo, su constitución física o el color de su piel. Todas estas personas necesitan un tratamiento específico de apoyo, pues sólo así se alcanza la igualdad: preservando y protegiendo el derecho a la diferencia. Esto es lo que se llama "acción positiva" o "discriminación positiva", con la que se pretende corregir la discriminación negativa que esos sectores sociales han venido sufriendo hasta ahora.

La discriminación positiva supone que la igualdad real no puede conseguirse si no se apoya y protege a quienes están en situación de inferioridad. La acción positiva no protege a todos sino sólo a aquellos que en el marco de una igualdad formal (la de la ley) se encuentran en una situación de desigualdad real. Pues bien, ¿acaso no es suficiente el asesinato de cientos de mujeres para mostrar la desigualdad real que padecen? ¿Hemos de recordar que en los últimos años las víctimas de la violencia machista son más numerosas que las del terrorismo político? Por todo ello, el informe que ha aprobado el CGPJ con los votos del sector conservador (10 frente a 9) produce sorpresa e indignación. El argumento "técnico" de que esta ley es inconstitucional porque discrimina a los hombres, revela una notable ignorancia de los derechos humanos, de la democracia social y del principio de la discriminación positiva, promovidos por la ONU y recogidos por nuestra Constitución. Contra lo que el dice el señor Requero, la ley no puede ser neutra si quiere ser justa, porque la realidad de los seres humanos es desigual y, por tanto, la justicia exige que los desiguales sean tratados desigualmente, precisamente para hacer posible la igualdad.

Con esta ley, se pretende combatir la violencia machista que sufrimos las mujeres por el solo hecho de serlo, una violencia que los jueces conservadores del CGPJ parecen desconocer o minimizar. La actitud de estos jueces es parte del problema y no de la solución. Con su desprecio hacia el drama que sufren las mujeres, ponen de manifiesto el estrecho vínculo que les une a la herencia cultural machista, contra la que esta ley va dirigida. De forma tal vez inadvertida, estos jueces no hacen sino dar argumentos a los maltratadores para seguir siéndolo de forma impune. Quizá desearían que siguiese funcionando el silencio respecto de los delitos contra las mujeres, porque para sus adentros piensan que el destino "natural" de las mujeres es estar en casa y con la pata quebrada. Resulta grotesco el argumento de que los hombres no van a estar tan protegidos como las mujeres: en primer lugar, porque el código penal ya les protege en caso de que sean objeto de algún delito; en segundo lugar, porque con ese argumento "neutro" se pretende obviar el hecho cierto de que son las mujeres las que deben ser generalmente protegidas de los hombres, sobre todo de aquellos que confunden el amor a la mujer con la posesión y el dominio sobre ella.

En fin, muchas son las consideraciones que podríamos seguir haciendo. Este debate no ha hecho más que empezar. Ahora bien, lo que debe quedar claro es que la violencia machista es un problema social estructural y ha de tratarse como una cuestión de Estado. Esta ley inaugura, que no clausura, esta consideración y coloca en el espacio público un fenómeno que debería escandalizar a cualquier hombre o mujer de bien, es decir a cualquier persona con una sensibilidad moral y política mínimamente razonable. Pensemos en cómo mejorar la ley y no en echar basura sobre ella.

Y nosotras, mujeres, agrupémonos todas en torno a la defensa y mejora de esta ley. La lucha continúa, y aunque no tengamos la fuerza física, tenemos la fuerza de la razón y de la justicia.

Alicia Poza Sebastíán, Angeles Muñoz Celdrán, Encarna Forca Sánchez, María José Frutos Frutos, Charo González Martínez, Fuensanta Muñoz Clares, Caridad de Santiago Restoy, Isabel Frutos Frutos, Rosa Peñalver Pérez, Angeles Trujillo Ponce, Mercedes Noval Clemente, Mª José Bernal Clemente y Teresa Ponce Molet. (Comisión 8 de marzo).